El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, nos explica el perfil de este nuevo cargo que se creó por iniciativa del PSOE a inicios de mandato. Su labor es la de conocer la situación actual real y favorecer el trabajo consensuado entre todas las administraciones en materia de inclusión social y lucha contra la pobreza.

Nos habla del estudio de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que señala que Canarias es la región en la que el riesgo de pobreza es más elevado, con un 35% de la población en esa situación y del Plan Estratégico de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza de Canarias. El comisionado insiste en la importancia de trabajar de forma conjunta y de que no se utilice la pobreza como arma arrojadiza por intereses partidistas. “La ciudadanía no se lo merece”.

Santiago coincidió en el estudio de Gestiona Radio Gran Canaria con la consejera de Políticas Sociales y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Elena Mañez, quién tuvo por primera vez en sus manos las dos nuevas publicaciones editadas por el comisionado, una herramienta de trabajo para que los técnicos de la administración puedan cumplir con la nueva Ley de Contratos del Sector Público sobre contratación pública, una medida con la que se pretende primar a las empresas que garanticen empleo estable, igualdad entre hombres y mujeres y mejoras medioambientales.

Con dos años de retraso y tras 1000 enmiendas, la Ley entra en vigor en el mes de marzo de 2018, cuatro meses después de ser publicada en el BOE el día 9 del pasado mes de noviembre.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público suprime la posibilidad de contratación sin publicidad, obligación de la factura electrónica, funcionario responsable del contrato y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas.

La norma busca dotar de una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público, que supone aproximadamente un 20% del PIB: unos 200.000 millones de euros.

Se introducen normas más estrictas y se fija que los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral.

Entrevista completa: a partir del minuto 33

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