Visitaron nuestros estudios Honorio Galindo y Juan Jiménez, presidente y secretario del colectivo Turcón, Ecologistas en Acción, para darnos sus argumentos contra la instalación de una planta de gas en el polígono industrial de El Goro, en Telde.
El colectivo ecologista presentó el pasado 26 de diciembre alegaciones al expediente núm. RGC-2017/003, de autorización administrativa, aprobación del proyecto de construcción y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización en Telde (Boletín Oficial del Estado del día 20 de noviembre de 2017)
Sus argumentos se basan en tres pilares básicos: Lucha contra el cambio climático, nuevo modelo productivo y energético y democratización del sector energético.
Turcón pide la suspensión de la autorización administrativa de nuevos gaseoductos de transporte y estaciones de regulación y medida. “Es manifiesto la inexistencia de planificación insular y municipal que den soporte a la introducción del gas ciudad”.
Aseguran que la canalización del gas incumple la directiva 2012/27/UE y la recomendación 2016/1318 de la Comisión Europea.
Según el documento “la cantidad de energía casi nula o muy baja que requieran esos edificios deberá proceder de una proporción muy significativa de fuentes de energía renovables”, este intento, una vez más se balancea sobre el marco regulatorio europeo de referencia.
La regasificación que requiere el GNL (gas natural licuado) de los buques metaneros para volver a transformarse en gas natural necesita invariablemente de una planta regasificadora. Turcón considera obsoleto el gas debido al salto tecnológico de los sistemas de acumulación de baterías en los últimos años.
También ponen especial atención a la seguridad. Las normativa internacional, Europea y Norteamericana, sobre instalaciones de gas licuado, exigen que se respeten distancias de seguridad entre una terminal de GNL y los núcleos de población más próximos, que “vienen determinados por los ratios de peligrosidad de impacto de las nubes de gas y de aire mezclados que se producen en caso de accidente, inevitablemente muy amplios, porque el metano vaporizado se expande en el aire a gran velocidad, y en contacto con éste tiene una capacidad muy alta de inflamación, muy superior a la de la gasolina o el propano, ya desde pequeñas concentraciones del gas, que van desde un 5,3 % a un 15 %”.
Además, el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el Gas Natural es extremadamente inflamable.
Recuerdan que falta informes económicos que justifiquen la viabilidad de esta importante infraestructura. “La entrada del gas supone un riesgo de la estación de gas propanado junto a zonas residenciales e industriales y no sabemos si esta implantación tendrá una repercusión económica y social sobre los municipios afectados, más allá de los cobros de licencias”.
Aseguran que se trata de implementar una tecnología que ya se está retirando en otros países que quieren cumplir sus compromisos contra el cambio climático. “El gas natural es, en su mayor parte, metano, en igualdad de volumen, tiene una capacidad 58 veces mayor que el CO2 de provocar efecto invernadero, estamos a todas luces ante un modelo energético pernicioso para las políticas de aminoración de los efectos del cambio climático”.
“La aprobación de estos expedientes supondría una transgresión al artículo 5.2.e) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece lo siguiente: “Los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de sus políticas, la defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente”.
A juicio de Turcón-Ecologistas en Acción, no existe una verdadera utilidad pública del proyecto de regasificadora ni un interés general específico del proyecto. La propia solicitud de utilidad no está justificada ni se concreta, omitiendo los razonamientos que deben argumentar una declaración de este tipo. Queremos que nuestro sistema eléctrico canario no sea deficitario, por lo que estimamos que desde la Administración se está forzando la legalidad para favorecer un monopolio privado en contra del interés general de la ciudadanía.
La canalización del gas en determinados municipios supone una total incoherencia, puesto que forman parte del llamado “pacto de los alcaldes”. Los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Telde y Villa de Agüimes forman parte de este pacto, por el cual se han comprometido voluntariamente a aplicar en sus territorios los objetivos climáticos y energéticos de la UE, prometiendo reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40 % de aquí a 2030.
Aquí puedes escuchar la entrevista
